Daiana Elisa Melón

Desde comienzos del siglo, Brasil comenzó a manifestar la necesidad de impulsar instancias de integración que tuviesen como eje Sudamérica, poniendo el énfasis de la integración en tres ejes principales: seguridad y defensa, infraestructura y energía. De esta forma, en el 2000, en el marco de la Reunión de presidentes de América del Sur, llevada a cabo en Brasilia, surgió la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), tomando como base un documento presentado por el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias García, realizado a pedido del por entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso.

La idea principal que expresaba este documento era que América del Sur sería una base de apoyo para la estrategia brasileña de obtener el reconocimiento como potencia mundial (López, 2012). La Iniciativa tiene por objetivo desarrollar infraestructuras en el área de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Las obras serían financiadas por organismos internacionales, como el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, así como también por bancos como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Con la llegada de Luiz Inácio Lula Da Silva al gobierno, la IIRSA cobró un nuevo impulso. Por un lado, se promovió el desarrollo de infraestructura que acrecentara el potencial energético de la región y permitiera conectar las fuentes de energía a los principales centros de acumulación de capital, lo que le permitiría a Brasil continuar creciendo sin tener que hacer frente a límites asociados a déficits energéticos. Por otro lado, se avanzó en la construcción y mejoramiento de carreteras y caminos para favorecer la conexión brasileña con los mercados asiáticos en expansión. 

En este contexto, la IIRSA se transformó en una herramienta clave para Brasil. Empresas constructoras de capitales brasileños obtuvieron la licitación de numerosas obras a desarrollar y el BNDES financió gran parte de ellas, sobre todo las que tenían una importancia estratégica para el país. Así, Brasil ha sido el país que más ha invertido en la Iniciativa a través del BNDES, cuya estrategia para viabilizar proyectos se realiza a través de préstamos a empresas de capitales brasileños (Quispe et al., 2013).  

La IIRSA no ha sido una iniciativa efectiva en términos de transformación productiva, sino que, partiendo desde una visión logística, tiene la perspectiva de explotar las potencialidades territoriales para conectar los centros extractores y productores de commodities -principalmente agroindustriales y minerales- con los mercados internacionales, promoviendo la especialización productiva y comercial, dependiente de la demanda externa y de bajo valor agregado (Ibíd.).

Hidroeléctricas para garantizarse un potencial energético

A través de acuerdos de algunos países de la región con Electrobrás, Brasil planteó la construcción de represas hidroeléctricas en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam y Uruguay. Muchos de estos proyectos serían financiados por el BNDES y construidos por OAS y Odebrecht. Dos de los principales proyectos que el gobierno brasileño intentó impulsar fue la represa Inambari en Perú y la construcción de Garabí-Panambí, en territorio argentino. 

Central hidroeléctrica Inambari

En abril de 2009, el por entonces presidente peruano Alan García, firmó un Memorando con su par brasileño Lula Da Silva. ‘Uno de los puntos centrales del acuerdo permitía que Brasil financie, construya y opere seis plantas hidroeléctricas en territorio peruano: Inambari, Sumabeni, Paquitzapango, Urubamba, Vizcatán y Chuquipampa. La mayor parte de la energía producida sería vendida a Brasil (Gil Mora, 2010).

El proyecto de Inambari planteaba la construcción de una central hidroeléctrica en la confluencia entre los ríos Araza e Inambari, en el territorio donde confluyen Madre de Dios, Cusco y Puno. La represa formaría un lago artificial de casi 400 hectáreas. Las zonas que se verían afectadas por los anegamientos serían, sobre todo, Puerto Manoa, Loromayo, Lechemayo, distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, departamento de Puno (Canal Alata, 2017). Se calculó que entre 4 y 8 mil personas de 65 centros poblados deberían ser desplazadas de sus hogares a causa de los anegamientos que se producirían, contando con un área de inundación de 46 mil hectáreas.

Tal como se expone en el Atlas de Justicia Ambiental¹ , la central de Inambari sería la más grande del país y la quinta de Latinoamérica, contando con una línea de transmisión que la conectaría con las centrales del río Madeira en Brasil. Se calculó que la deforestación alcanzaría las 308 mil hectáreas, destruyendo la biodiversidad del área y alterando los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba. Además, serían afectados 161 kilómetros de la Carretera Interoceánica por el embalse de la represa.

En junio de 2010, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo de entendimiento, en el que Perú se comprometía a exportar a Brasil los excedentes de energía de Inambari, estableciendo valores de venta fijos por un período de treinta años. A su vez, se otorgaban a empresas brasileñas concesiones por 30 años, tras los cuales las centrales y los derechos de generación serían transferidos al Estado peruano. Se estimó que un 90% de la energía producida sería exportada hacia Brasil (Topovich, 2010).

Inambari, al igual que los otros cinco proyectos, sería desarrollado por Electrobrás y beneficiaría a algunas empresas brasileñas quienes se involucrarían en la construcción, tales como Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez, dejando por fuera a empresas peruanas del sector (Zibechi, 2012). La concesión temporal, con el objetivo de realizar los estudios necesarios para la puesta en funcionamiento, fue otorgada a Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A. (EGASUR) –consorcio integrado por integrada por las empresas OAS, Electrobrás y Furnas (subsidiaria de Electrobrás)-. Dado que la empresa no había puesto en marcha el Plan de Participación Ciudadana, requisito indispensable para sostener la concesión, no pudo presentar el Estudio de Impacto Ambiental y, por lo tanto, solicitar la concesión definitiva (Canal Alata, 2017). Hasta hoy, la construcción de la represa continúa suspendida, pero hubo declaraciones posteriores, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), que afirmaban la necesidad de reactivar proyectos suspendidos.

Represa Garabí-Panambí

Sin bien el proyecto original data de los ochenta, durante los primeros años del nuevo siglo algunos proyectos hidroeléctricos se reanudaron, impulsando la integración energética entre ambos países. Lula y Cristina Fernández autorizaron a Electrobrás y EBISA el inicio de los estudios de factibilidad para la construcción de dos nuevas centrales en el río Uruguay. Estas empresas desarrollaron el proyecto del Complejo Hidroeléctrico Garabí-Panambí, integrándose a la IIRSA en el marco del Eje MERCOSUR-Chile (Fonseca y Rückert, 2018).  

En 2008, Electrobrás y EBISA firmaron un Acuerdo de cooperación para el desarrollo de estudios de inventario del río Uruguay. Al año siguiente, se contrató un consorcio formado por empresas tanto brasileñas como argentinas para llevar adelante el inventariado, lo cual dio como resultado el avance de Garabí-Panambí, con una capacidad de producción energética total estimada de 2.200 MW (Dos Santos Neto, 2016). El proyecto incluye dos diques localizados uno a la altura de la ciudad correntina de Garabí y otro a la altura de la localidad misionera de Panambí.

En 2011, se llamó a un proceso de Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Estudios de Ingeniería, Estudios Ambientales y el Plan de Comunicación Social. En 2012, los estudios fueron pre-adjudicados al Consorcio Energético del Rio Uruguay, conformado por las empresas argentinas Consular Consultores Argentinos Asociados S.A; Grupo Consultor Mesopotámico S.R.L.; I.A.T.A.S.A Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales y Latinconsult S.A. y por las empresas brasileñas Intertechne Consultores S. A. y Engevix Engenharia S.A.

Luchas por el por el territorio

Siguiendo a Milton Santos (1986), en un territorio existen un conjunto de objetos geográficos, a los cuales los procesos sociales –resueltos en funciones– representativos de una sociedad en un determinado momento dan vida; a su vez, esos procesos se realizan a través de formas, las cuales pueden no ser originariamente geográficas, pero terminan por adquirir una expresión territorial. La sociedad, a través de las funciones y procesos, no se realizaría sin las formas. Dado que las formas geográficas contienen fracciones de lo social, son formas-contenido. Por ello, están siempre cambiando de significado dado que el movimiento social les atribuye, en cada momento, fracciones diferentes del todo social. Gracias al movimiento social, al movimiento dialéctico entre forma y contenido, cada lugar está siempre cambiando de significado.

En la misma línea, Fernanda Torres (2011) plantea el concepto de territorio habilita introducir la variable política, pensar el espacio construido como producto de relaciones de poder, de dominación y resistencia. Entender el territorio a la luz de estas relaciones permitirá complejizar el análisis en torno a los movimientos que luchan en su defensa.

Sam Halvorsen, Bernardo Mançano Fernandes y Fernanda Torres (2019) afirman que la razón de ser de los movimientos socioterritoriales es el territorio, que es multidimensional y escalar, entendido como un proceso dinámico y relacional, como un espacio apropiado por una relación social que lo produce y mantiene a través de una forma de poder. Estos movimientos se originan en la búsqueda de apropiación del espacio y sus acciones configuran un proceso de disputa territorial basada en la territorialización, desterritorialización y reterritorialización (Sobreiro Filho, 2016). Estos movimientos transforman al espacio en territorio a través de la conflictividad entre fuerzas políticas que buscan controlar el territorio (Mançano Fernandes, 2005). 

Por su parte, Henri Acselrad (2004) entiende a los conflictos socioambientales como aquellos en los cuales se involucran grupos sociales con diferentes formas de apropiación, uso y significado del territorios. A su vez, Joan Martínez Allier (2004) planteó que en cada conflicto ecológico-distributivo los actores implicados portan diversos lenguajes de valoración. Esto refleja que dichos conflictos no son sólo de intereses, sino también de valores. En otras palabras, los actores poseen apreciaciones variadas (económicas, ecológicas, estéticas, etc.) en torno a lo que significa la naturaleza, el ambiente y el territorio (Merlinsky et al., 2018).

Genealogías de la lucha y resistencia

La provincia de Misiones tiene una historia social ligada a la lucha contra represas hidroeléctricas. Uno de los impactos socioterritoriales más importantes que se ha dado en la región son los producidos por la Central Hidroeléctrica Yaciretá, conjunto de obras realizadas entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná. Cuando la represa fue anunciada en 1973, momento en que se firmó el Tratado de Yaciretá entre Juan Domingo Perón y Alfredo Stroessner, se produjeron movilizaciones de las poblaciones que se verían forzadas a abandonar sus hogares ante el avance de las obras. Sin embargo, no fue hasta 1994 que la represa se puso en marcha. Desde su comienzo hasta la actualidad, si bien desde la entidad binacional asumen la relocalización de 40 mil personas, algunos estiman que ese número puede ascender a los 100 mil (Lavaca, 2007).

Las consecuencias que produjo Yaciretá han tenido un profundo impacto en la población misionera. En palabras de Sergio Álvez, integrante de la Mesa No a las Represas en Misiones:

los desalojos por Yaciretá fueron muy violentos, además hubo muchas estafas a las familias en lo que les correspondía en relación a un ajuste de indemnización, los sacaban de la costa del río donde pescaban, donde eran boleros, lavanderas, un sinfín de oficios que se vieron truncados porque los sacaban violentamente de las costas para llevarlas a barrios de relocalizados, que estaban muy lejos, donde no tenían trabajo, donde en muchos casos ni siquiera llegaba el colectivo, no había salita de salud, todo un proceso de décadas muy difícil, pero que fue gestando una consciencia muy clara en torno a lo que significa una represa hidroeléctrica y esas consecuencias.²

Otra lucha importante fue la que se llevó adelante contra Corpus Christi, un proyecto hidroeléctrico binacional, que se localizaría sobre el río Paraná, entre Argentina y Paraguay. Si bien el primer plan data de la década de 1960, este no avanzó sino hasta los noventa cuando, tras la conformación del Mercado Común del Sur, los países firmaron un acuerdo en el que reafirmaban la intención de construir la represa en Itacuá.

En la provincia existe una ley, la Nº 56, que, además de ratificar que los recursos hídricos pertenecen a la provincia, establece que para la realización de una represa la población debe ser consultada previamente mediante un plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable. Así, el 14 de abril de 1996 se realizó un plebiscito, previa campaña de difusión por parte del sector que apoyaba y el que se oponía a la construcción de la represa. En la consulta participaron el 62,85% del padrón, y el No a Corpus Christi se impuso con el 88,63% de los votos.

A diferencia de lo que ocurre en la provincia de Misiones, en la región de Perú en la que emplazaría la represa Inambari no existe una tradición de lucha en contra de represas hidroeléctricas. En Puno se halla la central de San Gaban, la cual, al tratarse de un central de pasada (cuya característica principal es que no tiene una gran acumulación de agua corriente arriba de sus turbinas, sino que esta es movida por la corriente natural del cauce), no genera inundaciones y no ha producido el nivel de desplazamiento de población que genera una central de embalse. En esa zona sí han existido luchas contra desarrollos megamineros a gran escala, resistidos por la población y, en especial, por aquellas personas que realizaban minería artesanal. A su vez, otra gran lucha ha sido para que se construya una carretera que conecte la región de Puno y Madre de Dios con Brasil. Si bien el proyecto data de muchas décadas atrás, no fue hasta el 2004, cuando este proyecto se incorporó a la IIRSA, que la carretera fue motorizada. Las regiones peruanas que cercanas a la carretera celebraron esta obra, dado que consideraban que esto podría favorecer el comercio con Brasil. Sin embargo, tal como plantea Rosario Linares, integrante de la Sociedad Civil por la Construcción de la Carretera Transoceánica y Desarrollo de Puno (SOCIT):

lastimosamente no hemos tenido mucho éxito porque cuando se construyó la Carretera Interoceánica la idea era un comercio fluido entre el Brasil y el Perú, no habíamos contado que Brasil tenía demasiadas restricciones para que esto se viabilice, mucha sobreprotección a su producción nacional, entonces fue imposible generar un comercio fluido.³

Aquellxs que resisten

La resistencia en torno a las represas en Misiones se ha ido masificando e incorporando actores a lo largo del tiempo y esto ha sido, en parte, producto de la historia de lucha que se ha ido tejiendo en relación a los impactos, tanto sociales como ambientales, de otras centrales hidroeléctricas. 

Desde esta forma, las luchas que en un comienzo estaban vinculadas a lxs pobladorxs que habían sido desplazados de sus territorios y hogares, han ido incorporando a otros sectores sociales. Así, con el tiempo estos sectores han ido confluyendo en la conformación de una instancia provincial denominada Mesa Provincial No a las Represas, compuesta por asambleas, organizaciones sociales, indígenas, sindicales, iglesias, organizaciones estudiantiles, barriales, periodistas y personas independientes.

De avanzar el proyecto tal como se planteó se verían afectados los municipios, tanto de Brasil como de Argentina, de Santo Tomé, Apóstoles, Garruchos, Santo Antni das Missões, Concepción, São Paulo, Pirapó, Roque Gonzales, Porto Xavier, Porto Lucena, Oberá, Porto Vera Cruz, Alecrim, Santo Cristo, 25 de Mayo, Porto Mavá, Tuparendi, Novo Machado, Dr. Mauricio Cardoso, Crissiumal, Tiradentes do Sul, Esperança do Sul, Derrubadas y Guaraní. Tal como plantea el integrante de la Mesa No a las Represas, el consorcio encargado de Garabí-Panambí empezó a abrir oficinas comerciales en la provincia “y ahí creció la angustia de la gente que estaba en la costa del río Uruguay y hubo una demanda muy grande de organización y de salir a resistir”.

En el caso de Inambari, dado el tipo de represas que había en la zona y que carecían de grandes áreas de inundación, en la región no existía una historia de lucha ligada contra represas, ni se conocían profundamente los impactos que podía acarrear una hidroeléctrica de embalse, en relación a la cantidad de poblaciones desplazadas de sus territorios y de afectación de economías regionales.

La economía regional de este área está ligada sobre todo a la cosecha de piña, cacao, yuca y coca, y a la minería tradicional. También, el turismo internacional ha sido un factor relevante en áreas como Cusco y Puno. 

Una de las principales movilizaciones que ha existido en la zona es la ligada al desarrollo de la Carretera Interoceánica, que muchos sectores han visto como una posibilidad de comercio con el Brasil.

Uno de los principales lugares que se verían afectados por el desarrollo de Inambari sería los centros poblados de Puerto Manoa, Loromayo, Lechemayo, San Gabán y Puno. Además, se producía un impacto ambiental en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado en los departamentos de Madre de Dios y Puno.

Por otra parte, un tramo importante de la carretera interoceánica que conecta Puno con Madre de Dios se vería afectado por el nivel de inundación del embalse. Tal como plantea Rosario Linares,

Era pues imposible que aceptemos un proyecto en Puno que sabíamos que nuestro principal medio de comunicación con Madre de Dios iba a ser destruido, ni tampoco la población de la selva iba a permitir desconectarse del resto del país, además que la carretera interoceánica es un proyecto emblemático.

En este contexto, quienes se han involucrado en la lucha contra Inambari han sido algunos sectores de población que se verían afectados por la represa, en términos de relocalización y de pérdida de sus fuentes de trabajo. Así, han participado personas independientes, pero también organizaciones de la región como el SOCIT, el Frente de Defensa de los Intereses de Inambari, el Frente de Defensa de San Gaban la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes .

A su vez, dado que la lucha se dio en el marco de una resistencia general contra las seis represas que se buscaban impulsar en todo el Perú, tuvieron un rol importante en la lucha Organizaciones No Gubernamentales, tales como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Asociación Servicios Educativos Rurales, la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza y Derecho Ambiente y Recursos Naturales.

Repertorios de Lucha

Javier Auyero (2002) retoma el concepto de repertorios de acción colectiva de Charles Tilly, entendiéndolo como un conjunto de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas a través de un proceso de selección relativamente deliberado mediante las cuales grupos sociales formulan colectivamente reclamos al Estado.

En un primer momento, en el caso de Inambari, dada la escasez de información que había en torno al proyecto, no existió resistencia. Fueron las propias organizaciones y algunos pobladores los que, al enterarse de los impactos socioambientales y la inundación que se generaría en el tramo de la carretera interoceánica, comenzaron a informar a la población en relación al proyecto. 

Ante el impacto socioambiental que tendría y el desplazamiento al que se verían forzadas miles de familias, en diciembre de 2009 se produjo una manifestación popular en la que se bloqueó durante dos días el puente que conecta Cusco, Puno y Madre de Dios. La protesta fue duramente reprimida (González Zamora, 2010). En marzo de 2010, el Frente de Defensa de Puno realizó una manifestación a la que se plegaron gremios, autoridades municipales y regionales, comerciantes y estudiantes de las localidades de Puno, Ayaviri, Juli y Yunguyo. En el documento que difundieron apuntaban que EGASUR invertiría 4 mil millones de dólares en la construcción de la represa, que afectaría a miles de personas forzadas a emigrar y pondría en riesgo al Parque Nacional Bahuaja-Sonene (Zibechi, 2012).

En los múltiples talleres que se fueron realizando y ante la creciente oposición de la población, la empresa propuso hacer un nuevo trazado del tramo de la carretera que iba a inundarse y relocalizar a las familias que serían desplazadas de sus territorios. Sin embargo, en términos de la interoceánica, los pobladores no aceptaban ese nuevo trazado, porque implicaba un desplazamiento mayor y la difícil conexión entre Madre de Dios y Puno. En términos de las relocalizaciones, no existía un proyecto de otorgarles a las familias territorio para que pudiesen sembrar. En palabras de Rosario, 

Cuando analizamos el asunto era que esos lugares iban a estar distribuidos, no iban a estar en un lugar junto, o sea que se iba a romper la conexión familiar y afectiva, y, por otro lado, las casas que les iban a dar no les aseguraban que iban a seguir con una actividad de agricultura y sobre todo quienes se dedican a la minería artesanal sabían a la perfección que no le iba a haber una actividad que compense o que restituya.

La resistencia a Inambari buscó, por un lado, encuadrarse en el plano nacional en la lucha contra las seis represas, llegando a los medios de comunicación de alcance nacional para hablar en torno al impacto de estos megaproyectos. Por otro lado, en el plano local se intentó hacer hincapié en la afectación que implicaría para la región.
Si bien no hubo muchas movilizaciones, las organizaciones y sectores que se plegaron a la resistencia, buscaron tener participación y difundir entre la población la realización de los talleres que la empresa llevaba a cabo para poder ejercer presión y dejar en claro que no existía una licencia social. En palabras de la integrante de SOCIT, 

En realidad no fue nada planificado, fue algo que las circunstancias hicieron que indistintamente diversas personas que recibimos cierto tipo de información comenzáramos a analizar el asunto, personalmente yo creo que si logró algo en todo esto es gracias al conocimiento del territorio que tiene la gente del lugar.

Por su parte, en el caso de la provincia de Misiones, ya existía una tradición y una conciencia previa en torno a los impactos que generaría este tipo de central hidroeléctrica de embalse, por lo cual las campañas llevadas adelante desde la Mesa Provincial No a las Represas ante el intento de avance de Garabí-Panambí partieron de un piso de información y experiencia concreta de las poblaciones.

Muchas de las acciones que se llevaron adelante por parte de la Mesa fueron en conjunto con el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) de Brasil, organización que tiene más de 40 años de lucha. Entender que la misma problemática se iba a vivir en ambas orillas del río Uruguay permitió la articulación de actividades y lucha por diferentes frentes.

A su vez, en términos nacionales, integrantes de la Mesa No a las Represas participaron y continúan haciéndolo de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), sirviendo la misma como un nexo con otras organizaciones y asambleas socioambientales de diferentes áreas del país, así como también de difusión de las acciones que llevan adelante. A nivel regional, la Mesa integra el Movimiento de Afectados por Represas (MAR) en Latinoamérica.

Uno de los hitos en la lucha fue la Marcha por los Ríos Libres, que se realizó entre el 23 y el 29 de septiembre de 2013, en la que integrantes de la Mesa recorrieron 150 kilómetros marchando desde Panambí hacia Posadas con la exigencia de que se implemente la consulta popular que debe hacerse según la Ley Nº 56. En relación a la importancia de dicha marcha, Sergio Álvez plantea:

fueron casi seis días de caminata, y sirvió para concientizar acerca de lo que estaba pasando a una escala un poco más importante, la modalidad fue muy exitosa, porque en cada pueblo la gente salía a recibir a los manifestantes, y al llegar a la ciudad de Posadas, a la casa de gobierno, con un reclamo conciso que era que se convoque a un plebiscito para ver si el pueblo quería o no esta represa, había más de cinco mil personas y la verdad es que fue un hecho político muy importante.

A pesar de la importancia que tuvo esta marcha en relación a la visibilización de la problemática, el gobierno provincial no convocó al plebiscito y el consorcio que ganó la licitación de Garabí-Panambí continuó operando y llevando adelante el plan de comunicación que se había diseñado para poder avanzar con el proyecto.

Ante la falta de respuesta por parte del gobierno, en 2014 la Mesa decidió realizar una consulta popular en toda la provincia, haciéndola de manera autogestiva, bajo los parámetros de la ley y convocando a veedores internacionales para que fiscalicen los resultados. Así, entre el 20 y el 26 de octubre, en plazas, centros culturales, escuelas, universidades, centros barriales y sindicatos funcionaron urnas donde la gente podía votar de forma negativa o afirmativa en torno al avance de la megarepresa. Participaron de forma voluntaria 120418 personas, imponiéndose el No a la represa con el 96,82% de los votos. Sin embargo, el gobierno desconoció la consulta popular. En palabras del integrante de la Mesa No a las Represas:

fue un poco la respuesta a eso también, decir `bueno ustedes no cumplen con la ley, no dan la participación necesaria a la ciudadanía, lo vamos a hacer nosotros´, esa movida fue muy contundente.

Por otra parte, al otro lado de la orilla del río Uruguay, el MAB avanzaba en términos judiciales para poder frenar el avance del proyecto. La justicia de Brasil falló a favor del Movimiento, generando una traba al avance de Garabí-Panambí.

Sin embargo, a pesar de la victoria obtenida en este caso, la Mesa realizó el 8 de julio de 2015 una marcha hacia la legislatura de la provincia con el objetivo de presentar un proyecto de Ley de Ríos Libres, en el que se declara a la provincia de Misiones libre de nuevas obras de represamiento sobre el río Paraná, Uruguay e Iguazú. El proyecto no fue tratado por la legislatura y perdió estado parlamentario.

A pesar de que desde 2015 el proyecto se encuentra frenado y las obras nunca llegaron a iniciarse, aunque sí se llevaron adelante las licitaciones correspondientes, las regiones que viven en la cosa del río Uruguay han tenido numerosos impactos, tal como lo detalla Sergio Álvez: 

bajo la hipótesis de que se iba a construir la represa el Estado se ha ido replegando de tal forma que, a lo largo de esos años, estos pueblos quedan como en zonas de no innovar, no se construyen ni se asfaltan caminos, no se invierte debidamente en salud y educación, no hay fomento de ningún tipo, hay como una situación de abandono del Estado que los convierte en afectados por represas que no se han construido, por eso yo siempre digo que es necesario ampliar el concepto de afectado por represas.

Frente a todo esto, si bien la resistencia ha mermado en las calles, la Mesa continúa en estado de alerta ante el posible avance de nuevas represas.

Conclusiones preliminares

Si bien en ambos casos, la lucha de los movimientos socioterritoriales que se articularon en defensa del ambiente, de sus territorios de vida y de reproducción, ha sido un factor importante en el freno al avance de estos megaproyectos hidroeléctricos, el proceso, la composición, las estrategias de movilización y resistencia han sido las mismas. 

La historia de luchas contra represas hidroeléctricas en la provincia de Misiones ha permitido articular más fácilmente la resistencia ante la posibilidad de avance de Garabí-Panambí, así como también la existencia de una ley que avalaba la participación popular en el proceso de decisión y de otorgamiento de licencia ante el desarrollo de infraestructura ligada al desarrollo energético hidroeléctrico.

En el caso de Inambari, la resistencia principalmente se articuló en defensa del proyecto de la carretera interoceánica y fue necesario un proceso de difusión y masificación de la información en torno a los impactos que iba a tener la central hidroeléctrica de embalse.

Por otra parte, mientras que principalmente la resistencia ante Garabí fue en las calles y generando alianzas que iban más allá de los límites provinciales, en Inambari, si bien las hubo, el acento de la lucha estuvo puesto más en la presencia en los medios de comunicación regionales y en la participación en los talleres que EGASUR fue realizando en la región. Gran parte de la lucha se dio en articulación con las restantes represas que se iban a construir a lo largo del territorio.

Sin embargo, en ambos casos se puso de manifiesto el proyecto de defensa del territorio que han planteado las comunidades frente al avance de estos proyectos, ausencia de licencia social de los mismos y la defensa de sus modos de reproducción de la vida en estos territorios.

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1. Recuperado de https://ejatlas.org/conflict/represa-inambari [↩]

2. Entrevista de realización propia. [↩]

3. Entrevista de realización propia. [↩]

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